Piden Notarios mayores facultades en jurisdicción voluntaria

Luis Gabriel Martínez Peña presidente del Colegio de Notarios Públicos en Victoria

El Colegio de Notarios Públicos en Victoria se manifiesto en favor de trabajar en un proyecto integral que permita conferir la toma de asuntos bajo el procedimiento de jurisdicción voluntaria que atañe reformas no solo a la ley del notariado sino a otros aspectos civiles.

Luis Gabriel Martínez Peña presidente el citado organismo colegiado comento que aún hace falta mucho por ocuparse en este aspecto que favorecería la toma de notas o asuntos para el estado y otras instancias legales.

“Si estamos a favor de trabajar aún más en materia de jurisdicción voluntaria y con ello un notario podría  conocer de asuntos como el matrimonio o divorcios cuando exista la plena voluntad de ambas partes” expreso.

La intervención de este fedatario puede reducir en forma significativa el congestionamiento de los juzgados tradicionales, aligerar los trámites necesarios, prestar una mayor atención personalizada y lograr de esta forma un mayor acercamiento con el justiciable

“El  tema de la jurisdicción voluntaria y el notario está en proceso para arrancar  a la par con la tecnología de los tribunales civiles y judiciales toda vez que aquí no está operando de forma completa”.

Actualmente se percibe la intervención del notario en ciertos aspectos específicos de este tipo jurisdiccional en materia familiar y  civil en general.

Pero la esencia del trabajo en materia de jurisdicción voluntaria propone añadir nuevas competencias en sede notarial en la materia, aprovechando de esta forma la imposición privilegiada del notario, con base en sus cualidades tradicionales de funcionario imparcial.

Hay que destacar que en otros estados del país  la intervención del notario en ciertos actos de jurisdicción voluntaria ya se ha dado sobre todo el cambio voluntario de nombre o aclaración de uso indistinto de varios nombres; el procedimiento voluntario de apeo y de deslinde; la constitución y extinción voluntaria del patrimonio familiar; la liquidación voluntaria de la sociedad conyugal –siempre y cuando no existan menores-; la constitución y modificación voluntaria de capitulaciones matrimoniales; la sucesión testamentaria o intestada con las limitaciones legales establecidas, y la renuncia y el nombramiento unánime de albacea -siempre que no existan menores.

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